12 de Octubre de 2026: Diversidad cultural, memoria, territorio y derechos pendientes
Hace más de una década, en 2010, Argentina decidió resignificar una fecha atravesada por profundas tensiones históricas. El antiguo “Día de la Raza”, establecido en 1917 durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, fue reemplazado oficialmente por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, mediante el Decreto 1584/2010. Este cambio no significó únicamente modificar el nombre de una fecha en el calendario, sino comenzar a revisar las palabras con las que durante generaciones se había narrado la historia y reconocer que esas palabras también construyen sentidos políticos, educativos y sociales.
La idea de “raza” remite a antiguas clasificaciones jerarquizantes de la humanidad que sirvieron para justificar desigualdades, dominaciones y procesos de exclusión. Hablar hoy de diversidad cultural permite reconocer, en cambio, la existencia de pueblos, lenguas, memorias, territorios y diferentes maneras de producir conocimiento. Sin embargo, cambiar una palabra no descoloniza por sí solo una sociedad, porque descolonizar también exige revisar quién escribió la historia, qué voces fueron convertidas en silencio y qué conocimientos todavía permanecen fuera de las escuelas, las universidades, los museos y las políticas públicas.
El 12 de octubre ya no puede ser presentado exclusivamente como el día del “descubrimiento de América”, porque América no era un territorio vacío esperando ser descubierto. Mucho antes de 1492 existían en Abya Yala pueblos con organizaciones políticas, economías, sistemas agrícolas, lenguas, conocimientos medicinales, tecnologías, espiritualidades, expresiones artísticas y complejas relaciones con sus territorios.
Por ello, en numerosos espacios indígenas, el 12 de octubre se ha transformado en una jornada de memoria, resistencia, duelo y reafirmación de la continuidad histórica de los pueblos. El 11 de octubre también es recordado por numerosas comunidades y organizaciones como el último día de libertad de los pueblos originarios, expresión que señala simbólicamente el comienzo de un largo proceso de conquista, dominación colonial, evangelización forzada y despojo territorial. En 2026 han transcurrido 534 años desde aquel 12 de octubre de 1492, pero los pueblos originarios no pertenecen solamente al pasado, porque son pueblos contemporáneos que estudian, enseñan, investigan, producen arte, ejercen prácticas medicinales, hablan y revitalizan sus lenguas, defienden sus territorios y participan activamente en la construcción del presente. Por esa razón, una educación verdaderamente intercultural necesita abandonar la representación del indígena como una figura detenida antes de la conquista o encerrada en las vitrinas de un museo.
Argentina posee una profunda diversidad étnica, cultural y lingüística. En distintos territorios continúan hablándose numerosas lenguas indígenas (más de una decena y, según los criterios lingüísticos utilizados, más de dieciséis variedades y lenguas con presencia comunitaria viva) que forman parte de la vida cotidiana de diferentes pueblos. Quechua, guaraní, mapuzungun, wichí, qom, moqoit, aymara, nivacle y otras lenguas mantienen vivas memorias, parentescos, conocimientos territoriales y maneras particulares de comprender la salud, el cuerpo, la espiritualidad y la relación con la naturaleza. Cada territorio posee, además, una riqueza cultural y medicinal propia: plantas, formas de cuidado, prácticas alimentarias, conocimientos sobre los ciclos de la tierra y modos comunitarios de transmitir experiencias de generación en generación. Esta diversidad no constituye una evocación romántica del pasado. El Censo Nacional de 2022 registró 1.306.730 personas que se reconocieron indígenas o descendientes de pueblos indígenas u originarios y 58 pueblos indígenas u originarios identificados en el país, lo cual permite reconocer que la presencia indígena forma parte de la realidad social y demográfica de la Argentina contemporánea. La Constitución Nacional reconoce, en su artículo 75 inciso 17, la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, su derecho a la identidad, a una educación bilingüe e intercultural, a la personería jurídica de sus comunidades, a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras tradicionalmente ocupadas y a la participación en aquellos asuntos y recursos que puedan afectar sus territorios. Argentina también ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece obligaciones de participación y consulta frente a medidas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas.
Sin embargo, la existencia de derechos escritos no garantiza automáticamente su cumplimiento, porque entre la norma jurídica y la realidad territorial continúa existiendo una distancia profunda. La pérdida territorial tampoco terminó con la conquista española, el proceso iniciado durante la colonización tuvo continuidades posteriores durante el Virreinato y, más tarde, durante la construcción de los Estados nacionales. En Argentina, la llamada “Conquista del Desierto” se desarrolló sobre territorios que no estaban vacíos, sino habitados por pueblos, autoridades, familias y redes económicas que sostenían sus propias territorialidades. Nombrar esos espacios como “desierto” contribuyó a legitimar políticamente su ocupación, mientras que las investigaciones históricas han documentado sometimientos, deportaciones, confinamientos, separaciones de familias y apropiaciones territoriales posteriores a aquellas campañas.
Por ello, los actuales conflictos territoriales no pueden comprenderse como hechos aislados ni desconectados de la historia. Durante las últimas décadas, y hoy numerosas comunidades continuaron denunciando desalojos, falta de títulos comunitarios, explotación minera, desmontes y proyectos que afectan el acceso al agua y a otros bienes naturales. El territorio indígena no constituye solamente una propiedad material, porque para muchas comunidades representa un espacio de memoria, parentesco, medicina, espiritualidad y reproducción de la vida colectiva. En los últimos años, además, se produjeron modificaciones importantes en las políticas públicas relacionadas con los pueblos originarios. En agosto de 2024, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso mediante el Decreto 696/2024 la disolución del INADI y, en diciembre del mismo año, el Decreto 1083/2024 declaró finalizada la emergencia territorial establecida por la Ley 26.160 y la suspensión de desalojos que había funcionado durante su vigencia. Mientras el gobierno nacional encabezado por Javier Milei fundamentó estas medidas en la defensa de la propiedad privada, la seguridad jurídica y la reorganización del Estado, organizaciones indígenas, organismos de derechos humanos y distintos sectores académicos las interpretaron como un retroceso en las garantías de protección territorial. En 2025 también se reorganizó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que dejó de funcionar como organismo descentralizado.
En ese contexto, diversas comunidades y organizaciones cuestionan al actual gobierno y a los sectores políticos de derecha cuando consideran que determinadas políticas favorecen intereses empresariales, extractivos o privados sobre territorios habitados ancestralmente. Estas afirmaciones deben expresarse con precisión, porque no se trata de sostener que cada medida gubernamental constituye literalmente una “usurpación”, sino de reconocer que continúa abierta una disputa política, económica y territorial acerca de quién decide sobre la tierra, el agua, los minerales y los llamados recursos naturales, y que esas decisiones pueden afectar de manera directa a comunidades indígenas que poseen derechos constitucionales específicos. Recordemos la historia La historia demuestra que estas disputas tienen una profundidad mucho mayor que la coyuntura política actual, pues las resistencias de los pueblos originarios atravesaron los siglos XVI, XVII y XVIII, mucho antes de la gran rebelión encabezada por Túpac Amaru II entre 1780 y 1781.
Desde los primeros tiempos de la invasión europea, los pueblos de Abya Yala enfrentaron procesos de sometimiento, explotación, desplazamientos forzados, imposición religiosa y destrucción de sus formas de organización, pero también desarrollaron estrategias de defensa, alianzas entre comunidades y levantamientos para proteger aquello que consideraban inseparable de su existencia: el territorio, la vida colectiva, la libertad y la dignidad de sus pueblos. Durante más de ciento cincuenta años, entre los siglos XVI y XVII, numerosas poblaciones indígenas atravesaron experiencias profundamente dolorosas que quedaron registradas, en buena medida, a través de documentos producidos por las propias autoridades coloniales. Aquellos escritos, elaborados desde la perspectiva de quienes ejercían el poder, describían las resistencias como rebeliones que debían ser sofocadas y justificaban represalias destinadas a impedir nuevos levantamientos. La violencia colonial no solamente buscaba imponer un dominio político y económico, sino también establecer un orden mediante el castigo y el disciplinamiento de quienes se negaban a aceptar la ocupación de sus territorios.
Los registros administrativos, militares y religiosos, atravesados por los valores de la monarquía hispánica y el cristianismo de su época, constituyen hoy fuentes fundamentales para reconstruir aquellos acontecimientos, aunque requieren una lectura crítica que permita identificar las justificaciones de los conquistadores y recuperar, en la medida de lo posible, las acciones y perspectivas de los pueblos sometidos. Un ejemplo significativo de estas resistencias se encuentra en el territorio que actualmente corresponde a la provincia de Jujuy, donde las sucesivas tentativas españolas de establecer una ciudad durante el siglo XVI encontraron una fuerte oposición de las poblaciones indígenas de la región. La historia de las tres fundaciones de San Salvador de Jujuy no puede comprenderse únicamente como una sucesión de iniciativas colonizadoras, porque también revela la capacidad de organización, resistencia y defensa territorial de los pueblos que habitaban la Quebrada de Humahuaca, los valles y otros espacios vinculados por relaciones políticas, económicas y culturales anteriores a la llegada de los europeos.
El primer asentamiento español, denominado Ciudad de Nieva, fue fundado el 20 de agosto de 1561 por Gregorio de Castañeda, siguiendo las disposiciones del gobernador Juan Pérez de Zurita, pero su permanencia resultó breve debido a las dificultades que enfrentó la ocupación española y a la resistencia indígena. Posteriormente, el 13 de octubre de 1575, Pedro Ortiz de Zárate fundó San Francisco de la Nueva Provincia de Álava, en las proximidades de la confluencia de los ríos Grande y Xibi Xibi, aunque este segundo establecimiento tampoco logró consolidarse frente a los conflictos y ataques que acompañaron la expansión colonial. Ambos episodios permiten comprender que la instalación española no fue un proceso pacífico ni inevitable, sino que estuvo atravesada por enfrentamientos en los que las comunidades defendieron sus territorios y sus formas de autonomía.
Finalmente, el 19 de abril de 1593, Francisco de Argañaraz y Murguía concretó la fundación de San Salvador de Velasco en el Valle de Jujuy, un establecimiento estratégico para el dominio colonial, ya que permitía fortalecer las comunicaciones, el tránsito comercial y el control del corredor que conectaba el Alto Perú con otros centros del territorio colonial y la región de Buenos Aires. Sin embargo, esta fundación tampoco puede separarse de la resistencia indígena, especialmente de la figura de Viltipoco, autoridad de los pueblos omaguacas vinculada a la organización de una amplia oposición a la ocupación española, cuyo apresamiento formó parte del proceso de sometimiento colonial de la región hacia finales del siglo XVI.
La memoria de estas confrontaciones permite reconocer que la historia de Jujuy no comenzó con su fundación española, sino que se asentó sobre territorios previamente habitados, organizados y defendidos por pueblos que poseían sus propias autoridades y conocimientos. Las resistencias indígenas no concluyeron con el establecimiento definitivo de la ciudad ni desaparecieron durante el siglo XVII, porque la dominación colonial continuó generando conflictos relacionados con las obligaciones tributarias, el trabajo forzado, el control de los caminos, las tierras comunitarias y las distintas formas de subordinación política. En este escenario, la memoria de los levantamientos anteriores y las experiencias acumuladas de resistencia formaron parte de una historia regional mucho más extensa que, durante el siglo XVIII, volvería a manifestarse con particular intensidad en diferentes territorios andinos. La gran rebelión encabezada por Túpac Amaru II entre 1780 y 1781 expresó el rechazo a formas de explotación, tributación, violencia y dominación colonial, y sus repercusiones alcanzaron distintos espacios del Virreinato del Río de la Plata.
En la frontera chaqueña de Jujuy se produjo en 1781 un levantamiento indígena relacionado con el contexto de las grandes rebeliones andinas, en el que participaron poblaciones indígenas y otros sectores subalternos que cuestionaron el orden colonial (Tamajuncosa, 1836). Estos acontecimientos fueron abordados por la historiografía regional, entre otros investigadores, por el sacerdote e historiador jujeño Miguel Ángel Vergara, y permiten observar que las noticias, expectativas y conflictos vinculados a las rebeliones de Túpac Amaru y de los Katari circularon más allá de los centros principales del levantamiento, aunque las causas particulares de cada rebelión deben comprenderse también desde sus propias condiciones territoriales, sociales y políticas.
Más de dos siglos después, las condiciones jurídicas y políticas son diferentes y no sería riguroso afirmar que “nada ha cambiado”, porque existen derechos conquistados, nuevas legislaciones, organizaciones indígenas, universidades interculturales, marcos internacionales y espacios de participación que no existían entonces. Sin embargo, persisten continuidades históricas profundamente dolorosas, ya que la disputa por los territorios, la desigual distribución de la riqueza, el racismo, la violencia sobre determinadas comunidades y la explotación de la naturaleza siguen formando parte de numerosos conflictos latinoamericanos. Por ello, recordar a Túpac Amaru II, a Viltipoco y a las comunidades que resistieron durante los siglos XVI, XVII y XVIII no debería significar convertir el pasado en una imagen inmóvil, sino comprender que las luchas de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI forman parte de una extensa historia de resistencia, transformación y búsqueda de autonomía (Tamajuncosa, 1836) En diferentes momentos históricos hubo violencia y derramamiento de sangre, pero también organización comunitaria, recuperación cultural, producción intelectual indígena, defensa jurídica y construcción política.
La historia de los pueblos originarios no es solamente una historia de víctimas, sino también una historia de continuidad, dignidad, memoria y capacidad de reconstrucción, sostenida por generaciones que defendieron la vida y conservaron conocimientos que hoy continúan presentes en sus comunidades. En este punto, la educación ocupa un lugar fundamental. El 12 de octubre no debería reducirse a un feriado, a una cartelera escolar o a una actividad en la que los pueblos originarios aparezcan disfrazados y congelados en el pasado. La Educación Intercultural Bilingüe reconocida por la Ley Nacional de Educación propone preservar y fortalecer lenguas, cosmovisiones, pautas culturales e identidades indígenas, además de construir un diálogo entre diferentes conocimientos. La interculturalidad no consiste en disfrazar a una niña o a un niño de “indio” una vez al año, colocar una wiphala, o hacer tamales y empanadas sin explicar su historia, ni representar una danza separada de su contexto cultural. Tampoco significa rechazar la ciencia occidental, sino construir relaciones más horizontales entre conocimientos, incorporar las voces de los propios pueblos y reconocer que la ciencia moderna constituye una forma histórica de producir conocimiento, pero no la única que las sociedades humanas han desarrollado.
Las lenguas indígenas constituyen un ejemplo fundamental, porque una lengua no es solamente un conjunto de palabras, sino que conserva maneras de nombrar el agua, las plantas, los animales, el cuerpo, la salud, los afectos, la familia, la memoria y el universo. Cuando una lengua desaparece o es silenciada, también se pierde una parte irreemplazable de la diversidad cultural de la humanidad.
Entre 2022 y 2032 se desarrolla el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, impulsado por Naciones Unidas y coordinado por UNESCO, precisamente para promover su protección, revitalización y fortalecimiento. Por eso, hablar de diversidad cultural el 12 de octubre implica reconocer también la diversidad medicinal y territorial, porque los conocimientos sobre plantas, semillas, alimentación, parto, cuidado comunitario, ciclos productivos y relaciones espirituales con la naturaleza constituyen patrimonios vivos que no deberían ser tratados como simples curiosidades folklóricas, sino estudiados respetando sus contextos, sus portadores y los derechos colectivos de los pueblos que los sostienen.
A 534 años del inicio de la colonización europea, la deuda continúa abierta. No alcanza con izar una wiphala o pronunciar un discurso institucional una vez al año mientras persistan conflictos por territorios comunitarios, discriminación, deterioro ambiental y dificultades para garantizar plenamente los derechos establecidos constitucionalmente.
Pero esta historia tampoco puede reducirse al dolor, porque allí donde los derechos son puestos en tensión continúan presentes comunidades, abuelas y abuelos, jóvenes, docentes, artistas, autoridades comunitarias, médicos y médicas tradicionales e investigadores indígenas que cuidan el agua, las montañas, las semillas, las lenguas y la memoria. Desde el pensamiento andino, el principio del ayni permite recordar que ninguna vida se sostiene completamente sola, porque la existencia requiere reciprocidad entre personas, comunidad y territorio. Defender los territorios indígenas significa también defender el agua, la biodiversidad, los conocimientos acumulados durante generaciones y las posibilidades de vida de quienes todavía no han nacido. Por ello, el horizonte no debería ser la fragmentación de los pueblos, sino una integración latinoamericana capaz de reconocer las diferencias sin convertirlas en desigualdades.
La unidad de América Latina no implica borrar identidades, lenguas ni historias particulares, sino construir vínculos de reciprocidad y cooperación entre pueblos diversos, reconocer una historia compartida de colonización y resistencia y defender colectivamente la soberanía, los territorios y los bienes naturales frente a nuevas formas de concentración y despojo. El 12 de octubre puede convertirse, entonces, en una oportunidad para formular preguntas que continúan siendo necesarias: ¿quién contó la historia?, ¿quién quedó afuera?, ¿quién puso nombre a los territorios?, ¿qué lenguas fueron prohibidas?, ¿qué conocimientos lograron sobrevivir a pesar de siglos de persecución?, ¿quiénes continúan cuidando hoy el agua y la tierra? Estas preguntas permiten comprender que el reconocimiento de la diversidad cultural exige algo más profundo que una conmemoración, porque supone revisar las desigualdades heredadas y transformar las formas en que se enseña, se investiga y se convive. Una educación verdaderamente intercultural no enseña simplemente a “tolerar” a otro, sino a reconocer que ese otro también construye historia, conocimiento y presente. Por eso, el 12 de octubre ya no puede narrarse únicamente como el descubrimiento de un continente, porque su significado también se encuentra en la memoria de quienes resistieron, en los territorios que siguen siendo defendidos, en la diversidad de lenguas y conocimientos, en una educación que cuestione la exclusión y en la continuidad de pueblos que nunca dejaron de existir. Es memoria, territorio, diversidad, educación, resistencia y continuidad, dimensiones inseparables de una historia que todavía interpela a las sociedades latinoamericanas y que invita a construir una convivencia fundada en el reconocimiento de los derechos colectivos, la justicia histórica y la reciprocidad entre los pueblos. Y, sobre todo, constituye una invitación a construir una sociedad en la que la diversidad cultural deje de ser únicamente una expresión escrita en el calendario y se convierta en una práctica cotidiana de justicia, reciprocidad y respeto. Los pueblos originarios no desaparecieron, no constituyen solamente el pasado de la Argentina, sino que forman parte de su presente y serán también protagonistas de su futuro.
Por Amalia Noemí Vargas Quechua – Nación Chicha / Malonera Investigadora, docente y artista
Amalia Vargas – Sabidurías Ancestrales y Sagradas
Fuentes
Conversaciones con Raúl Choquevilca Periodista Indígena Tamajuncosa, A. (1836). Misiones al cargo del Colegio de Nuestra Señora de los Ángeles. En P. de Angelis (Comp.), Colección de obras y documentos relativos a la historia antigua y moderna de las provincias del Río de la Plata (t. VII). Imprenta del Estado. Oyarzábal, M. C. (2020). Ordenar una sociedad mestiza: Justicia, religión y costumbre. Jujuy, siglo XVII [Tesis doctoral, Universidad Nacional de La Plata Vargas, A. (2025). Sabidurías ancestrales I: Medicina tradicional, educación y espiritualidades de Abya Yala. Etnografías indígenas. Editorial Biblos
